Los sistemas de pensiones en México son a) financieramente inviables y b) socialmente inequitativos.

El modelo de “derechos laborales” no ofrecerá más protección ante la imposibilidad de lograr tasas altas de crecimiento del empleo y del producto.

La Hacienda Pública tiene sus flujos comprometidos fuertemente por las pensiones.

La sustentabilidad del sistema de seguridad social exige un rediseño legal, financiero e institucional de fondo.